Víctimas sin atención prioritaria

Chucho Torres | Bogotá

Bogotá
Chucho Torres

La Trata de Personas es un delito que vulnera los Derechos Humanos, de Género y Corresponsabilidad. No hay política pública eficaz contra este fenómeno. Recientemente el Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas de la Fundación Mariano Ospina Pérez divulgó un estudio que revela serias deficiencias en la política pública del Estado colombiano para abordar y combatir este delito transnacional.

La investigación recopiló las acciones adelantadas por todas las instituciones involucradas en el período 2010-2014 relacionadas con la información que existe sobre el tema, las tareas de prevención, la atención a víctimas, la cooperación internacional y la investigación y judicialización.

La directora del Centro de Investigación sobre Trata de Personas, Ángela Ospina de Nicholls, dijo en la presentación del documento que en la actualidad, “no es posible identificar cuáles son los mecanismos de seguimiento ni coordinación que garanticen el derecho de las víctimas de Trata de Personas a una atención prioritaria en la oferta institucional existente”, y agregó que, “las acciones descritas por el Ministerio del Interior no relacionan un Plan de Acción diferenciado en cuanto a la asistencia inmediata y mediata”.

Sobre el Sistema Nacional de Información de Trata de Personas, la investigación concluye que, “no es posible verificar su existencia” y que por lo tanto no existe articulación entre las entidades que deberían atender el fenómeno. “Se evidencia la debilidad institucional para sistematizar y analizar la información recolectada  la comunicación y divulgación no responden a una estrategia sino a acciones esporádicas sin cobertura significativa”, precisa el documento.

En cuanto  a la investigación y judicialización, la señora Ospina, revela que, “La Fiscalía General de la Nación creó un grupo de articulación para ese delito, pero no es posible verificar el desarrollo de habilidades prácticas para combatir esta acción delictiva y si las estrategias de investigación son aplicadas. Además, no es posible establecer el número de casos de indagación que se abren y pasan a la etapa judicial. No es posible concluir si las víctimas recibieron apoyo por parte del Estado para la representación judicial”.

En cuanto a la cooperación internacional y con base en la información suministrada por la Cancillería, el Centro de Investigación, autor del estudio, precisa que si bien existen unos mecanismos de seguimiento a comités binacionales, no es posible verificar cuál es contenido de la información.

“En la actualidad no se identifica la existencia de un intercambio de información relativa a las causas de la Trata de Personas Transnacional”, asegura la señora Ospina.

Sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el estudio refiere que, “corresponde al ICBF garantizar el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de Trata de Personas. Sin embargo, al no existir en el ICBF un lineamiento para que la Trata de Personas sea diferenciada de la violencia y abuso sexual, es imposible verificar el acceso a procesos de restablecimiento de derechos especializados para víctimas de la Trata de Personas”, señala el documento revelado en Bogotá.

La directora del centro, líder en el tema de visibilización de este delito, dijo que lo más preocupante de la problemática es “el nivel de estancamiento en la coordinación interinstitucional, en el orden nacional. Además, el presupuesto es bajo o inexistente. Y de lo reportado en las regiones, no es posible verificar o identificar la ejecución y destinación de los recursos”.

En el país hay 32 comités departamentales conformados para conocer sobre el delito Trata de Personas, pero el seguimiento, a través de reuniones de esos grupos, es inexistente, no hay información. En los departamentos de Caquetá, Cesar, Chocó, Guaviare, Huila, La Guajira, Vaupés y Vichada, no existe en los Planes de Desarrollo una referencia explícita a la Trata de Personas. En la mayoría de regiones no hay un banco de información preciso que permita formular diagnósticos.

En el año 2014, la gobernación de Caldas destinó cinco millones de pesos para la lucha contra la Trata de Personas, no hay reportes de cómo se invirtieron.  En el mismo período, en el Quindío, se asignaron al programa $28 millones de pesos; y en Risaralda, $41 millones. En Santander, $790 millones. Los temas presupuestales para enfrentar este drama social son muy graves, en el departamento del Tolima, por ejemplo, en 2013, el gobierno local de ese momento no aportó nada.

El delito de Trata de Personas se caracteriza por mover a otras zonas incluso fuera del país a personas con fines de explotación de orden sexual, mendicidad, de esclavitud laboral o algún tipo de sometimiento.

Una de las mayores preocupaciones que quedan luego del estudio, según el centro, es que no existe una atención prioritaria y menos de acompañamiento para las víctimas que en razón de ese abandono caen en la repetición sistemática de las mafias nacionales e internacionales.

Al final, el Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas de la Fundación Mariano Ospina Pérez, insta al Estado a fortalecer toda la infraestructura normativa y técnica para prevenir y frenar el delito que es una realidad, así como a proteger, atender y acompañar a las víctimas que “hoy están a merced de las bandas transnacionales en medio de la ineficiencia estatal”.

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